Más de doce años han pasado desde la muerte de Viviana Haeger, pero su misteriosa desaparición sigue escribiendo nuevos capítulos de una tormentosa historia. El último lo protagoniza su marido y otrora sospechoso, Jaime Anguita, quien incluso estuvo preso mientras se desarrollaba la investigación, pero que nunca fue condenado a falta de pruebas contundentes en su contra.
El hombre y su abogado entregaron en agosto pasado, al 2° Juzgado Civil de Puerto Montt, un sumario reservado de la Policía de Investigaciones (PDI), en cuyas 1.600 páginas están las declaraciones de los principales actores en las diligencias del caso; entre ellos, los uniformados que participaron fallidamente en la búsqueda de la mujer.
Están las versiones de los policías que, pese a haber investigado la buhardilla de la casa de los Anguita Haeger, no fueron capaces de encontrar el cadáver de la víctima. La propia PDI cuestiona la irresponsabilidad de estos agentes, junto con dictaminar severas sanciones.
Se trata de un sumario con el que Anguita y su defensa quieren dar el gran golpe al Estado, considerando que en noviembre de 2019 presentó una demanda contra el Fisco por un monto cercano a los $2 mil millones, acusando haber sufrido daños ocasionados y torturas por organismos estatales.
El 29 de junio de 2010, cuando se reportó la desaparición de Viviana tras una ajetreada mañana en Puerto Varas, funcionarios de la PDI se instalaron en la casa de los Anguita Haeger, a la espera de una eventual segunda llamada telefónica que recibiría Jaime.
Horas antes, el esposo le había contestado a un desconocido que, en tono amenazante, le habría dicho “Si quiere ver a su esposa con vida…”. Como pensó que se trataba de una estafa, como siempre lo manifestó Anguita, cortó la llamada antes que el mensaje finalizara y siguió con su rutina.
Lo más lógico era que inmediatamente llamara para saber cómo estaba su esposa y así descartar cualquier desgracia, pero el celular de Viviana nunca sonó. Ese acontecimiento fue uno de los primeros que demostró la frialdad que caracterizaba al ingeniero.
Mientras se esperaba la segunda llamada —la que no ocurrió—, la PDI recorrió la casa para encontrar alguna pista que diera con el paradero de la desaparecida. A partir de este momento entra en escena el inspector Javier Vega, indicado por el sumario como uno de los primeros en revisar la buhardilla de la habitación matrimonial.
Los pormenores de la fallida primera revisión de la buhardilla
Cuando fue citado a declarar ante el Departamento de Control de Procedimientos Policiales, meses después del hallazgo del cadáver de Haeger, Vega aseguró que la orden de revisar el hogar fue mandatada por el entonces comisario de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Varas, Jaime Muñoz.
“En el segundo piso del inmueble, en el dormitorio matrimonial, junto a una cama de una plaza que ocupa una menor de edad, se ubica una puerta de acceso lateral de 1,2 metros de alto por 40 centímetros de ancho, la cual no recuerdo si estaba abierta o cerrada”, comienza relatando Vega.
“De propia iniciativa, ingresé medio cuerpo a esa mansarda con la finalidad de ver en el interior, pero como estaba muy oscuro y no tenía una linterna, no logré apreciar nada que pudiera ser relevante. Misma acción que efectuó el comisario Muñoz y el subinspector Pablo Alegría”, agrega el funcionario.
La declaración de Jaime Muñoz no hizo más que intensificar las negligencias que tuvo la PDI de Puerto Varas durante las diligencias. De hecho, contradijo en puntos claves la versión de Vega.
“Le correspondió revisar al inspector Javier Vega y al subinspector Pablo Alegría. Les ordené expresamente que revisaran los dormitorios, debajo de las camas, entretecho y mansarda. Recuerdo haberle dado la instrucción específica al inspector Vega que revisara la mansarda, ya que él andaba con una linterna de su propiedad”, declaró el comisario.
Ahí surgen las primeras interrogantes: ¿Acaso fue iniciativa propia de Vega? ¿Había una linterna para iluminar la buhardilla? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente?
El 30 de junio, un día después de la desaparición de Viviana, surgió otro de los grandes errores investigativos de la PDI: obsesionarse con la tesis de un secuestro y no considerar un eventual robo con homicidio. Esa negligencia les costó 42 días.
El hallazgo que no fue
El tercer protagonista de esta historia es el subinspector de la Bicrim, Pablo Alegría, quien da muestra de otro desacierto de la Policía de Investigaciones: la falta de coordinación.
Según consigna el sumario, llegó hasta el segundo piso y vio que la habitación matrimonial lucía desordenada. En detalle, “me llamó la atención que la cama del señor Anguita estaba corrida de su ubicación original. Sobre ella había documentación desordenada, además me percaté que en el otro sector de la pieza, junto al clóset que también estaba desordenado, había en la pared una puerta de acceso” a la famosa buhardilla.
Como ya había sido inspeccionada, según afirmaron sus propios compañeros, Alegría no quiso ingresar. Pecó de inocente, porque de haber seguido su instinto policial, el hallazgo de Haeger habría ocurrido mucho antes, no al mes y medio después.
Como una bola de nieve, las equivocaciones de la PDI fueron empeorando. Así queda demostrado con el testimonio en el sumario del jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Puerto Montt, Jorge Márquez. En su relato respalda la versión de Alegría, pues a él también le dijeron que la buhardilla había sido investigada.
De todos modos, “igual ingresé por esta puerta (de la mansarda) y me percaté de que el lugar era utilizado como bodega. En la entrada encontré una tarjeta de presentación del doctor Pedro García Huidobro, cirujano plástico, que entregué al señor (prefecto Juan Francisco) Galleguillos, porque me llamó la atención encontrar esta tarjeta en el lugar. Solo ingresé un metro”.
Aquella tarjeta no había sido vista durante la primera revisión de Vega. La nueva evidencia parecía prometedora, pero las inspecciones en la buhardilla, adivina: no continuaron.
Tan ineficiente fue la labor investigativa de los uniformados, que a la PDI no le quedó otra opción que aplicar severas sanciones al equipo de búsqueda de la desaparición de Haeger, compuesto por personas que “no fueron capaces de repasar y/o realizar un nuevo rastreo planificado y ordenado por áreas de trabajo en el interior del domicilio”, según comunicó el organismo.
El más afectado fue el prefecto Juan Francisco Galleguillos, encargado de la investigación por su calidad de jefe de la prefectura de la provincia de Llanquihue. En su oficio, la PDI lo responsabilizó por su falta de “organización, planificación y dirección del trabajo (…) debió solicitar formalmente la conformación de un grupo multidisciplinario investigativo”.
La PDI determinó destituir al prefecto de la institución y sancionarlo con seis días de permanencia en cuartel. Mientras que al resto —Vega, Muñoz, Alegría y Márquez; además de Yanko Olmeda, de la Brigada Investigadora de Robos, quien también participó en la investigación— solo les aplicó castigos de acuartelamiento y anotaciones negativas en sus hojas de vida.
En cuanto a sus lapidarias conclusiones, la Policía de Investigaciones estipuló que “uno de los errores cometidos por el equipo, desde el momento que fue recibida la denuncia, fue orientar las pesquisas en dilucidar un posible secuestro (…) no se actuó acuciosa y profesionalmente”.
Por último, la PDI asume que en una tranquila localidad del sur chileno, Puerto Varas, se desencadenó una serie de errores que afectaron su reputación a nivel país.
“Ubicar el cuerpo sin vida de la señora Viviana Haeger, que se encontraba al interior de la mansarda, hubiese evitado el desprestigio institucional, la crítica y el cuestionamiento de la opinión pública en las actuaciones de la PDI en este caso”, concluye el organismo.
El cadáver fue encontrado por Jaime Anguita, un 10 de agosto de 2010, 42 días después de la desaparición de Viviana Haeger y justo en el último día en que vencía la recompensa de $5 millones que él ofreció por alguna pista sobre el paradero de su esposa.