Condenados por cohecho y divulgación de secreto terminaron dos ahora exdetectives de la PDI que filtraron información reservada en dos causas judiciales. ¿Su “cliente” más relevante? El Rey de los Fuegos Artificiales. Se trata, según la indagatoria, de uno de los “socios” con los que Parived hizo negocios en medio del caso Relojes, también conocido como caso Joyas. Sin ir más lejos, la investigación sostiene que los antecedentes entregados a cambio de coimas fue de tal calidad que el imputado decidió informar de los alcances a otros involucrados. Entre ellos, el propio guía espiritual que estuvo emparejado a la estrella de TV, Tonka Tomicic.
Domingo Jalil Allel, “socio” de Parived e imputado en el caso Relojes, supo antes de tiempo que lo estaban investigando. Conocía de las diligencias secretas que la PDI y fiscalía llevaban en su contra e incluso sabía de otros blancos investigativos. Lo supo de primera fuente: dos altos funcionarios de la propia policía civil se lo confesaron. Pero no le salió gratis. Todo fue, desde luego, a cambio de jugosas coimas para los agentes de la ley.
Los hechos constan en una reciente sentencia en contra del entonces subprefecto Cristian González Arancibia y el subcomisario Mauricio Jorquera Gallardo. El primero correspondía al jefe del cuartel de la Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional (Jenamig). El segundo se desempeñaba como jefe de grupo de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile. A ambos, el Primer Juzgado de Garantía los condenó por cohecho en una causa que se sigue bajo estricta reserva.
De acuerdo a información a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, Jalil se enteró de los alcances del caso Relojes porque —hasta mediados de 2020— tuvo como soplones a los otrora funcionarios de la PDI, cuyos propios equipos eran los encargados de perseguir a quien también es conocido como el Rey del Artificio. Una investigación paralela apunta a este último como uno de los mayores traficantes de pirotecnia de Chile. ¿Sus clientes? Organizaciones criminales e integrantes de barras de fútbol. A juicio de la fiscalía, los explosivos eran utilizados por ellos para expresar poderío territorial.
Según estableció la indagatoria del caso Relojes —y tal como revelara este medio— ambos efectivos operaron a través de un intermediario: Juan Manuel López Totoricagüena. Se trata de un comerciante capitalino que confesó ante el fiscal de Pudahuel, Eduardo Baeza, haber sido el nexo para el principal imputado de la causa. Todo se concretó mediante sendas reuniones para afinar la entrega de información y el pago de las coimas.
LAS REUNIONES
El 24 de marzo y 6 de abril de 2020, por ejemplo, los detectives se reunieron con el intermediario en el centro de Santiago. En ambos encuentros acordaron los pagos en dinero en efectivo que debía desembolsar Jalil. Fue el propio López Totoricagüena el encargado de poner al Rey del Artificio al tanto del acuerdo alcanzado.
18 días después, los implicados volvieron verse las caras. Esta vez, Jalil estaba presente. Esa fue la primera vez que los servidores públicos entregaron información. En resumidas cuentas, le informaron explícitamente que estaba siendo investigado por el delito de lavado de activos.
El 4 de junio de 2020 aparece un nuevo imputado, al que el Ministerio Público también le atribuye su participación como enlace: David Gómez Espinoza. Fue él, apunta la sentencia, quien coordinó una llamada entre ambas partes para sellar una reunión durante ese mismo día. Todo se concretó a eso de las 12:05 horas, al interior del automóvil del intermediario, en calle San Francisco de Borja de Santiago. Ahí le entregaron todos los detalles de la investigación. Lo propio ocurrió a finales de ese mes, cuando Jalil y el subprefecto González Arancibia se encontraron en secreto al interior de una bodega en San Bernardo, no sin antes pactar las coimas.
“La información proporcionada a Domingo Jalil Allel fue de tal entidad que el día 12 de junio de 2020, se comunicó con Lorena Prado, madre de un hijo en común, para informarle que tenía pleno conocimiento de los hechos y delitos por los que estaba siendo investigado, las diligencias realizadas por parte de los funcionarios policiales, blancos investigados, entre otros detalles”, versa el documento judicial tenido a la vista por BBCL Investiga.
LAS COIMAS
Los pagos de las coimas no fueron en vano. Tras conocer los movimientos de la PDI, sostiene la sentencia, Jalil comenzó a ocultar sus bienes, además de informar de la investigación a otros imputados “tales como Marco López Spagui (Parived), Estrella Dinamarca Sánchez y Jaime Quiroz Jara”.
El propio Parived reconoció en una declaración reservada prestada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) sus vínculos con Jalil. Lo conoció porque necesitaba factorizar una factura, afirmó.
—Él me dijo que lo iba a evaluar. Pero finalmente me dijo que no tenía capacidad económica para poder hacerlo, ya que era una factura de 80 millones de pesos más IVA con Cencosud. Lo que me indicó es que, si necesitaba montos bajos de dinero, él podía financiarlo. Eso lo hicimos un par de veces: él me prestó dinero y luego yo tenía que pagarlo. En ocasiones tuve que prorrogar algunos pagos y terminé de pagarle durante el tiempo de la pandemia.
Sus dichos fueron contrastados por los funcionarios del organismo fiscalizador con una serie de escuchas telefónicas. Informes policiales describen así parte de las charlas entre Jalil y López:
Fecha 13-05-2019, hora 11:41:50, duración 85 segundos.
Al respecto, el “guía espiritual” explicó que la conversación tiene una “lógica bastante obvia”.
—Mi única relación con Domingo era pagar o pedir dinero y él preguntaba cuándo era posible pagarle y cuánto. Respecto de los objetos que se mencionan ahí, no tengo ninguna noción ni recuerdo de a qué se refiere. Mi única relación con él siempre tuvo que ver con pagar lo que él me había prestado. No tengo nada que agregar sobre eso.
PENAS EN LIBERTAD
Sea como sea, el tribunal estimó que los funcionarios de la PDI comprometieron el éxito de la investigación y entorpecieron gravemente el avance y los efectos del caso Relojes.
Según la indagatoria, cada funcionario recibió coimas por 2 millones de pesos en efectivo.
Así, en vista de estos antecedentes, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó —en procedimiento abreviado— a los hoy exdetectives por los delitos de divulgación de secreto y cohecho.
Mauricio Jorquera Gallardo fue sentenciado a cinco años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa a beneficio fiscal por casi $4 millones. Su colega, Cristian González Arancibia, en tanto, tendrá que purgar una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y una multa en iguales términos.
Ambos, en todo caso, cumplirán su pena bajo libertad vigilada intensiva.
CONTROL INTERNO DE LA PDI
Requeridos por BBCL Investiga, desde la PDI indicaron que ambos involucrados fueron dados de baja de la institución. “Por tratarse de exfuncionarios no corresponde pronunciarnos sobre su situación procesal o administrativa”, se excusaron.
Consultados respecto de qué medidas están tomando para prevenir situaciones como esta, explicaron que “la Inspectoría General es el órgano de Control Interno de la PDI que promueve el ejercicio íntegro y transparente de todas las acciones y actividades institucionales”.
Dicho organismo, añadieron, ha ido “adaptándose a los nuevos escenarios que podrían afectar la probidad y credibilidad institucional”.
A juicio de la policía civil, el control interno es un eje fundamental de su plan estratégico. Para ello, es precisamente la Inspectoría General la que está a cargo de “liderar y ejercer las atribuciones de control para mitigar toda acción u omisión del personal que atente contra la probidad y valores institucionales, a través del control, fiscalización, prevención y monitoreo de conductas indebidas”.
Consultada la Fiscalía Occidente, declinaron hacer comentarios, por tratarse de una causa en la que existen trámites y diligencias pendientes.
Fuente: biobiochile.cl