Por Felipe Martínez.
Actualmente el CFT Estatal de la Araucanía está sufriendo una crisis de proporciones, específicamente me refiero a la sede que opera en la comuna de Lautaro. Las circunstancias son las siguientes:
Al no contar el CFT Araucanía con una estructura organizacional que permita garantizar un orden coherente en los diversos procesos de estudio, se complejiza bastante su correcto funcionamiento. Esa carencia -que se resuelve si sometemos al establecimiento estatal al proceso de acreditación del CNA- irrumpe en la actualidad mediante las múltiples quejas que emanan del alumnado y que incluso, ha significado un desprestigio de la institución.
Es decir, que el problema no reside necesariamente en la calidad del profesorado sino, en la carencia de una estructura orgánica que permita supervisar adecuadamente el desempeño ético del cuerpo docente y garantizar procesos equilibrados y pertinentes en cada carrera técnica profesional. Debido a que, el CFT Araucanía no cuenta hoy por hoy con dicha acreditación académica, se evidencian diversas falencias que se hacen sentir fuertemente entre los estudiantes, tales como, que la cantidad de alumnos sobrepasa ampliamente a la capacidad de aula de la sede de Lautaro (1400 alumnos aprox. en las tres sedes); que un Director trabaja tanto en Lautaro como en Santiago en cargos similares; que existen una veintena de demandas laborales interpuestas por ex profesores; una clara subutilización de los recursos obtenidos debido a falta de espacios como lo es un laboratorio de enfermería que no se puede implementar adecuadamente; modificaciones unilaterales a los horarios de clase debido al hacinamiento (que incluyó evaluaciones en el baño); etc.
Ahora bien, para ser francos, en Chile toda institución de educación superior requiere por ley obtener la acreditación académica para que los estudiantes matriculados puedan optar a los beneficios del estado en materia de gratuidad y becas. Sin tal acreditación, no hay gratuidad. Sin embargo, a los CFTs estatales como el CFT Araucanía (con sede en Lautaro, Lonquimay y Angol) no se les exige cumplir con esta norma y por tanto, puede percibir los beneficios estudiantiles sin acreditación. Lo cual, como podemos ver, redunda en un perjuicio para los estudiantes y, además, se establece una evidente competencia desleal entre la institución estatal y las privadas, las que deben hacer sus mayores esfuerzos para obtener la acreditación a fin de contar con el apoyo de la política pública. Tal injusticia sorprende que sea tolerada hoy en día y debe ponérsele término cuanto antes. La acreditación debe ser una exigencia básica para toda institución, sin discriminar si es privada o estatal, si se quiere contar con un buen nivel de educación superior, asimismo, acabar con las ridículas preferencias hacia lo público, generando distorsiones de mercado y por supuesto, abriendo espacios para el nefasto cuoteo político, que tanto daño produce.
Debemos retomar el camino del mérito y la valoración de las instituciones privadas o de lo contrario, seguiremos destruyendo la educación en todos sus ámbitos como ya está pasando desde hace algunos años en nuestro país con la educación básica y media, gravemente afectadas por las reformas aprobadas por la clase política desde el 2010 en adelante, las cuales solo han contribuido a una mayor segregación social, han dañado profundamente el valor del mérito y han disminuido la calidad académica. Recuperemos la educación en Chile, en todos sus niveles.
