Carlos Mora Jano instó a enmendar «el rumbo respecto de técnicas legislativas y políticas de persecución penal defectuosas que tensionan el sistema penal», en el marco del actual debate sobre el abuso de la máxima de las precautorias.
El Defensor Nacional Carlos Mora Jano abordó este sábado las consecuencias del abuso de la prisión preventiva como medida cautelar, enfatizando que la legislación chilena ha avanzado en sentido contrario a lo establecido por organismos internacionales en este aspecto.
A través de una carta al Director publicada hoy en el diario El Mercurio, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública explicó que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha señalado que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Sin embargo, nuestra legislación ha avanzado precisamente en sentido contrario, suponiendo que reforzando la aplicación de la prisión preventiva se lograría disminuir la inseguridad o la delincuencia, lo que evidentemente no ha sucedido».
El abogado explicó que las diversas modificaciones legislativas (agendas cortas) “han contribuido a distorsionar los fines del proceso penal, así como también a erosionar los cimientos de un modelo de justicia que en su momento fue un ejemplo para el continente».
En definitiva, insistió Mora Jano, «el único efecto constatable de las modificaciones legales ha sido la sobrepoblación de nuestras cárceles, profundizando las inhumanas condiciones penitenciarias y el aumento de los ‘presos sin condena’, quienes llegan a un juicio después de meses e incluso años». »
Como ejemplo dijo que al 2008 solo un 20% de los privados de libertad estaban en prisión preventiva y el 80% eran condenados y que hoy esta cifra llega al 37%.
Por ello, puntualizó que en un escenario en el que nuevamente se debaten las consecuencias del abuso de dicha medida cautelar, «tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo respecto de técnicas legislativas y políticas de persecución penal defectuosas que tensionan el sistema penal y dejan a miles de personas encarceladas en condiciones infrahumanas, muchas de ellas sin merecerlo, como las 36.556. personas que siendo inocentes estuvieron en prisión preventiva desde el año 2001 a la fecha».