La Fiscalía Nacional Económica rechazó la posibilidad de que el Ministerio Público investigue casos de colusión. El persecutor económico, Ricardo Riesco, aseveró que podría producirse un “desastre” que impactaría directamente el mecanismo de delación compensada -que exime y rebaja penas a los delatores-.

El asunto fue discutido en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, durante el debate por el proyecto de ley que busca elevar las sanciones en los casos de colusión. Esta iniciativa -que es parte de la agenda antiabusos impulsada por el Gobierno- plantea la necesidad de implementar nuevas herramientas para la persecución de estos delitos.

En ese sentido, resaltan las medidas como el alzamiento bancario, la creación de un denunciante reservado y el castigo a personas que entorpezcan las investigaciones.

Así, en la cita, el fiscal nacional Jorge Abbott abogó para que el Ministerio Público se haga parte de estas indagaciones y buscar sanciones penales a los involucrados.

La propuesta fue rechazada de plano por el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.

El persecutor aseveró que la iniciación de investigaciones paralelas son “una receta para el desastre” que podría impactar el mecanismo de la delación compensada, ante la posibilitad de que el delator pueda ser castigado con prisión.

En la misma línea, el abogado de la Universidad de Chile y experto en libre competencia, Francisco Agüero, señaló que el Ministerio Público solo perseguiría un cartel estando ante una gran cantidad de pruebas, no así como lo viene realizando la FNE.

Según datos de la Fiscalía Nacional Económica, las indagaciones por casos de colusión demoran en promedio dos años y cuatro meses.