El abrupto término de una licitación adjudicada a un consorcio chino-alemán para la elaboración de pasaportes y cédulas de identidad, además de abrir un potencial conflicto comercial con China, muestra desprolijidad en la forma como se abordó el caso.

El anuncio realizado esta semana por parte del Registro Civil, en que dejó sin efecto un millonario contrato que se había adjudicado un consorcio chino-alemán para la elaboración de cédulas de identidad y pasaportes -entre otras materias-, ha sido motivo de profundo desconcierto tanto por la desprolija forma en que esto ha ocurrido, como por la insuficiencia de las explicaciones, considerando los delicados intereses que hay aquí en juego.

La medida ciertamente ha resultado sorpresiva, pues el 15 de octubre el Servicio comunicó el resultado de la licitación internacional a la que había convocado, en donde se adjudicó al consorcio formado por la empresa estatal china Aisino y la alemana Mühlbauer. Según se informó, dicho oferente presentó la mejor oferta técnica y económica, lo que le permitió obtener la concesión por 10 años. El Registro Civil indicó que bajo este nuevo modelo los chilenos podrían obtener claros beneficios, pues el valor de los documentos disminuiría sustancialmente.

El proceso no ha estado exento de controversias, pues otros oferentes buscan impugnar la licitación. Con todo, llama la atención que transcurrido muy poco tiempo, la adjudicación se revierta. Conforme indicó el Servicio, se le solicitó al consorcio que aclarara una serie de inconsistencias, lo que según la versión oficial no hizo, por estimarlo improcedente. Adicionalmente, el Servicio fundamentó que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores indicó que este acuerdo podría poner en riesgo el programa de exención de visado con Estados Unidos y Canadá. Esta determinación coincide con la visita que una delegación del gobierno de Estados Unidos hizo al país recientemente, para evaluar la continuidad del Visa Waiver.

La decisión de las autoridades chilenas, como era previsible, causó la molestia de la empresa china, la que además de acusar “presiones indebidas” para finalizar el proceso, estudia poner en práctica una ofensiva legal, no descartándose que incluso se puedan activar procedimientos arbitrales en instancias internacionales. La embajada de China en Chile también ha manifestado su sorpresa por esta decisión, todo lo cual no permite descartar que se pueda abrir un potencial conflicto comercial. En tanto, desde la embajada de Chile en Beijing se indicó que esta decisión no le fue informada, lo que es indicativo de la desprolijidad con que este asunto se ha manejado.

La controversia tiene como marco la disputa comercial y política que mantienen China y Estados Unidos, cuyos alcances geopolíticos son globales, y de los que nuestro país tampoco escapa, considerando que China es nuestro principal socio comercial, y con Estados Unidos existe una ventajosa posición comercial, además de contratos militares. Es evidente que el país debe ser capaz de moverse con astucia a fin de cautelar estos delicados equilibrios, pero ello debe armonizarse con la necesidad de mantener reglas estables, respetando los derechos legítimamente asignados. Sorprende por lo mismo que si habían surgido dudas en relación con la protección de datos y la posibilidad de que ello pusiera en riesgo los programas de visado, ello no se hubiera evaluado mucho antes.

La imagen del país no ha quedado bien a partir de este episodio, y cabe esperar que ello resulte aleccionador, tomando en cuenta que lo previsible es que estas tensiones geopolíticas entre potencias se intensifiquen, lo que obligará a desarrollar especiales capacidades de negociación.