Durante esta jornada se concretó la reunión de distintos personeros de la oposición, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, para revisar y afinar la propuesta de los denominados “mínimos comunes”.
De acuerdo a lo que señaló la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, las organizaciones que participaron en la construcción del documento serán los primeros en recibirlo.
Este miércoles será enviado al Ejecutivo a través de los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda), quienes integran el comité político.
La propuesta —que sigue en revisión— consta de cuatro grandes puntos: Renta Básica Universal de Emergencia, un plan de recuperación para las Mipymes y sectores postergados, el fortalecimiento de las medidas sanitarias y las fuentes de financiamiento para los puntos antes mencionados.
Punto uno: Renta Básica Universal de Emergencia
Abreviado como RBUE, este beneficio consiste en una entrega de dinero que “le permita a las familias contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos sociales y económicos lesivos de un conjunto de factores que han afectado directamente su calidad de vida y en muchos casos, su mínima capacidad de subsistencia: confinamientos; baja en los ingresos; pérdida del empleo; enfermedades diversas, entre muchas otras”.
En cuanto a su cobertura, se propuso en primera instancia el 100% del Registro Social de Hogares (RSH), lo que equivale a 6,6 millones de familias. Se sugiere el apoyo del Servicio de Impuestos Internos (SII) para detectar a quienes están en el sistema, pero tienen altos ingresos, es decir, el décimo decil.
Sobre el monto, tal como se había adelantado, se fijará de acuerdo a “un criterio de suficiencia por hogar, basado en instrumentos formales de medición, los que consideran como base la línea de la pobreza, más otros gastos familiares esenciales no considerados en la estimación de ese parámetro”.
El criterio definitorio, de acuerdo al documento, será “la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de dignidad y que ello permita hacer frente a las restricciones de movilidad”.
También se tomará en cuenta, como criterio adicional, a las mujeres jefas de hogar, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
Sujeta al tiempo que demore su legislación, de concretarse, se espera que se entregue los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Este plazo deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen.
Punto dos: plan de recuperación para Mipymes y sectores postergados
Esta propuesta se divide en cinco subpuntos. El primero es un subsidio directo, es decir, entregar un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones. También se contempla entregar a través de BancoEstado líneas de crédito de largo plazo garantizados al 90% (sin deducible) por Fogape.
El segundo tiene que ver con la suspensión de los pagos de patentes, eliminación de multas por incumplimiento tributario durante 2021 y los intereses moratorios por este período de emergencia.
Se propone además permitir convenios de pago, suspender o condonar pagos de contribuciones y municipales, líneas de financiamiento con condiciones preferenciales para ponerse al día con sus deudas previsionales y adelantar los flujos de transferencias de los recursos del Fondo Común Municipal.
Por otra parte, la tercera propuesta apunta a las compras públicas como mecanismo de reactivación y desarrollo del sector, mientras que la cuarta recuperación tiene relación con los niveles de empleo en las pymes, específicamente en la Línea Regresa y el Programa Protege.
Finalmente, se impulsarán los protocolos sanitarios sectoriales para la apertura de sectores como el turismo, las actividades culturales y de entretenimiento, gimnasios y servicios, entre otros.
Punto tres: fortalecimiento de medidas sanitarias
En este ítem, la oposición solicita al Gobierno enfrentar los “principales desafíos sanitarios pendientes”. Las medidas propuestas son: gratuidad de los test PCR para detectar el coronavirus, la transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud para Testeo/Trazabilidad/Aislamiento (TTA), el pago de subsidio de incapacidad laboral, abordar las listas de espera, reconocer la labor de las y los funcionarias y funcionarios de la salud con asignaciones y bonificaciones y regular los precios de las hospitalizaciones originadas por el covid-19.
Punto cuatro: las fuentes de financiamiento
Sobre este punto, la propuesta opositora enfatiza que “debe ser en base criterios de responsabilidad fiscal, evitando que los costos de la crisis continúen siendo pagados con recursos de los trabajadores“. Lo anterior, en alusión a los retiros de fondos de pensiones y rentas vitalicias, junto con las propuestas en torno al Seguro de Cesantía.
Esta propuesta se divide en tres subpuntos. Primero está el financiamiento para las medidas que impliquen recursos de ejecución dentro de la actual Ley de Presupuestos, como la recaudación del cobre, mayor endeudamiento, uso de activos del Tesoro Público (FEES) y la reasignación de recursos de las Fuerzas Armadas.
En tanto, también se entregan medidas para usar recursos que involucren un horizonte temporal más amplio, esto eso, la reducción de la evasión y la elusión.
Finalmente, se pide avanzar en una agenda de medidas que busquen mayor recaudación para financiar las propuestas de carácter permanente y que logren alcanzar una mayor progresividad del sistema tributario. Entre ellas figura el aumento de la recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales, vinculada a la discusión actual en torno al royalty minero.
También se propone diseñar un nuevo sistema tributario más justo, equitativo y simple. “Cabe señalar finalmente que, a opinión de los expertos consultados en la instancia de diálogo, no parecen adecuadas las medidas propuestas por el ejecutivo sobre un nuevo impuesto sustitutivo al FUT y repatriación de capitales“, finaliza el texto.