El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de protección impuesto por María Angélica Ojeda y ordenó a la AFP Cuprum S.A. entregar la totalidad de sus fondos de capitalización individual, es muy relevante, pues entre otros aspectos deja de manifiesto que, en el sistema de AFP actual, prevalece el lucro por sobre el derecho fundamental de seguridad social consagrado en nuestra Constitución.

Es interesante cómo las razones que llevan a la recurrente a entablar este recurso de protección son similares al planteamiento que un grupo de senadores hemos hecho para facilitar la entrega del 10% de los fondos de los cotizantes, dada la actual situación de crisis financiera que viven muchos de ellos producto de la pandemia. La profesora solicita la devolución de los fondos para que se le conceda la debida protección para evitar una situacioìn de insolvencia y, eventualmente, quedar en mora en el pago de su crédito hipotecario. La Corte reconoce esta situación de crisis y le concede la devolución de su ahorro previsional.

La recurrente invoca el derecho de propiedad que tiene sobre sus fondos, pero también señala que el Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniforme, situación que, en el caso de ella, y de miles de chilenos, no se cumple, pues según señala la Corte, a la luz de las cotizaciones efectuadas, ellas no le permiten una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario.

La presentación realizada ante la Corte recuerda que la Constitución Política establece que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas”.

Destaco que el fallo expresa que del trabajo de doña María Angélica se benefició toda la comunidad y no es prudente que “haya terminado en un sistema, que, en este caso particular, genera una injusticia que obliga al tribunal a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho”.

Lamentablemente el caso de María Angélica no es aislado, son miles de chilenos y chilenas quienes sufren la falta de seguridad social y las pensiones miserables en la vejez. Más temprano que tarde veremos el fin de este sistema injusto y tendremos un sistema de seguridad social real y no un simple ahorro individual forzado. Este fallo va en el camino correcto.

Por Alfonso De Urresti, senador y presidente de la Comisión de Constitución