19 de Marzo 2020/ SANTIAGO Una familia trabaja en su comedor, durante el pandemia de coronavirus se a dado el Home Office o Teletrabajo para que personas puedan cumplir por cuarentena y así evitar lo mas posible su mayor propagación. FOTO: Jose Francisco Zuñiga /AGENCIAUNO

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), informó que hace días inició fiscalizaciones a las redes de las distintas compañías que ofrecen servicios en el país y a sus plataformas de atención a usuarios, para así verificar cómo están operando en medio de la contingencia sanitaria.

De esta manera, el regulador le solicitó a las empresas Claro, Entel y Wom entregar antecedentes de algunos usuarios que han realizado reclamos ante la Subtel.

“Sin embargo, ninguna de dichas firmas logró acreditar la información solicitada dentro del plazo establecido”, indicó el organismo regulador en un comunicado.

Por su parte, en el caso de la empresa VTR, la auditoría mostró que dicha operadora registra incumplimientos en el parámetro de la tasa de agregación, es decir, el cociente entre la suma de las velocidades contratadas de todos los usuarios conectados a un ISP (proveedor de servicios de Internet) y la velocidad del enlace con su respectivo PIT (puntos de intercambio de tráfico) nacional e internacional.

En esta línea, el reporte de Subtel arrojó que las tasas de sobreventa en el período de octubre a diciembre de 2019 exceden tanto para los enlaces internacionales como los para enlaces nacionales, situación que se habría agravado tras el inicio de la crisis sanitaria a raíz del coronavirus.

“Esto puede perjudicar la calidad de servicio, generar alta congestión en horas peak y ofrecer velocidades reales mucho más bajas que las contratadas por los clientes en rangos horarios muy amplios”, detalló la Subtel.

Por lo anterior, el regulador decidió aplicar multas a las empresas Claro, Entel, VTR y Wom, las cuales de acuerdo con el marco legal vigente pueden ser de hasta 1.000 UTM por cada cargo y de hasta 3.000 UTM en caso de reincidencia.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, comentó al respecto que han aumentando las fiscalizaciones a las compañías en el marco de la pandemia.

“Considerando que los usuarios hoy necesitan con urgencia acceso a la red, es importante que las compañías continúen asegurando la calidad de servicio comprometida, con transparencia y respetando las condiciones que hoy rigen este sector”, sentenció.

Reclamos

A su vez, Subtel también ha recibido un mayor número de reclamos durante las semanas que los usuarios han debido permanecer en sus hogares producto de la crisis por coronavirus.

“Entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2020 se ingresaron 9.605 reclamos al Departamento de Gestión de Reclamos (DGR), cifra superior a los 5.396 reclamos recibidos en las mismas fechas de 2019″, detalló Subtel en su comunicado.

Del total señalado, un 61% de los reclamos (5.848), corresponden a servicios de telefonía fija e Internet fijo, los que se han duplicado en comparación con igual período del año pasado, cuando alcanzaron las 2.441 quejas.

Mientras que el 39 % restante, equivalente a 3.757 reclamos, responde a servicios de telefonía móvil (voz y datos), TV de pago y servicios de larga distancia, cifra que es superior a las 2.955 quejas registradas el año pasado por los mismos segmentos, en igual período de tiempo.

No obstante, los cuatro motivos principales por los que los usuarios ingresaron reclamos en este período son continuidad de servicio y/o indemnización, atención en terreno, velocidad de Internet e incumplimiento de contrato.

“En esta línea, la mayor parte de estas quejas se concentraron en las regiones Metropolitana (68%), Valparaíso (8%) y Bío Bío (5%)”, agregó el regulador.

La subsecretaria Gidi señaló que “destinamos un equipo exclusivo de fiscalización que monitorea todas las redes de Internet de los distintos proveedores y que además, está fiscalizando las plataformas de atención que poseen las operadoras para observar si están atendiendo los problemas que presentan sus usuarios”.

Por último, Gido remarcó que “reclamar por la calidad de un servicio es un derecho que tienen todos los usuarios si consideran que no están recibiendo la calidad contratada y las empresas deben atender de forma oportuna esas dudas y resolverlas”.