Un niño arrastrado por una escalera, otro que perdió dos dientes y un tercero arrojado desde el camarote. Durante diez años el Ministerio Público ha prolongado la causa principal por apremios ilegítimos contra exfuncionarios del Cread de Playa Ancha, excentro del Sename que un agente de la ONU describió en su momento como “bastante cercano a una prisión”. A pesar de la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía Regional de Valparaíso visó un acuerdo de suspensión condicional que, de aprobarse por el Juzgado de Garantía, cerraría el icónico caso sin culpables.
“El otro día el tío Cid le iba a cobrar al Diego y yo le dije que por favor no, que yo cobraba por él y yo le tuve que pegar. El Diego me dio las gracias. Yo lo hice porque lo quiero como a un hermano”.
Hace 10 años, con la remisión de antecedentes al Ministerio Público por parte de la directora del centro, se abrió la principal causa por torturas contra niños, niñas y adolescentes en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, en Valparaíso, un “hogar” del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Aunque en las investigaciones administrativas se terminó destituyendo a 21 funcionarios en tres sumarios cursados entre 2015 y 2018, la indagatoria penal se ha dilatado por una década.
Pese al tiempo transcurrido, el próximo 5 de febrero se debatirá en el Juzgado de Garantía de Valparaíso una solicitud de la fiscalía para cerrar la causa con una suspensión condicional del procedimiento para los ocho extrabajadores que han sido formalizados. Es decir: se busca terminar el caso sin culpables condenados.
“Estos exfuncionarios se valieron de su fuerza y posición predominante para aplicar tratos constitutivos de tortura. No concurren los elementos para decir que aquí no son atentados graves, violaciones graves de derechos humanos, y que por lo tanto justificaran la suspensión condicional del procedimiento”, comenta el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y querellante en la causa, Fernando Martínez, en conversación con BBCL Investiga.
Una cárcel para niños
Usado durante los años ochenta como una cárcel de menores, el Cread de Playa Ancha había sido reconvertido en un centro para acoger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos. O esa fue la intención.
Un miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Jorge Cardona, quien visitó el centro en 2018, comentó que tan sólo la estructura física en la que vivían los cerca de 150 menores residentes era una “violación de derechos”.
“Los cristales estaban rotos, las duchas estaban arrancadas (…) Los niños estaban encerrados con llave en las llamadas casas, y no podían salir si no estaba el encargado o la encargada para abrir la puerta. Era lo más alejado a un hogar que uno pueda imaginarse y bastante cercano a una prisión“, aseveró Cardona en entrevista con BBCL.
Más allá de las condiciones físicas, las investigaciones administrativas dejaron entrever que no era sólo el edificio lo que parecía una cárcel: tal como reveló BBCL Investiga en 2019, los funcionarios utilizaban sistemáticamente la violencia para controlar a los menores que el Sename decía “cuidar” (ver especial Me están cuidando a golpes).
“¡En mi turno no!”
En concreto, en tres sumarios cursados entre 2015 y 2018 fueron destituidos 21 educadores de trato directo (ETD) ―18 por haber ejercido maltratos y tres por negligencias relacionadas―.
A pesar de que el Ministerio Público tenía todos los antecedentes, sólo ocho personas fueron formalizadas en la causa principal por apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos: Juan José Morales Sequeira, Marcela Lorena Bermúdez Berríos, José Manuel Cid Mercado, Greg Olave Aguayo, Leonardo Mauricio Lobos Gardaix, Luis Alejandro Rubilar Ramírez, Luis Reinaldo Mandujano Arancibia y Rafael Enrique Garín Beltrán.
Las declaraciones de los niños, obtenidas en distintas instancias por el Sename y consignadas en numerosos documentos que están en poder de fiscalía, dan cuenta de las vulneraciones.
“El otro día el tío Juanito le pegó a todos los de la pieza cuatro con el mango de la pala, por no querer irnos a acostar. Yo recibí cuatro varillazos, dos en los brazos y dos en las piernas”.
“Todos los tíos pegan, la mami Carola y la mami Marcela sólo palmadas en el poto, no tan fuertes”.
“El tío Cid me metió fuerte a la ducha fría con ropa, me empujó muy fuerte y yo me resbalé adentro del baño y me golpeé y se me salieron dos dientes (muestra su boca sin los dos dientes)”.
“El tío Greg el otro día tiró al Jonathan del camarote y le tiró una silla encima después”.
“El otro día el tío Greg le pegó al David porque él dijo ‘viejo culiao’, pero no se lo decía a él. Lo empezó a tirar y arrastrar fuerte por la escalera, lo vimos todos los niños que no vamos a la escuela”.
“El tío Chubi (Luis Rubilar) pega con los puños por todo el cuerpo”.
“Yo estaba en el patio tomando leche, viene el tío Mandujano todo rabioso y me bota la leche y me pega como diez cachetadas en la cara. Yo me puse a llorar”.
“El otro día un cabro se descompensó, no hacía caso, y el tío Manduja tomó una silla y la tiró. Le dijo: “¡En mi turno no!”, y le pegó en la cara. Yo le vi sangre. Luego lo agarró del cuello y lo llevó al baño”.
“Estábamos hueviando con el tío Rafa y de pronto el tío se enoja y me pega una cachetada y yo me puse a llorar y le dije que no se le debe pegar a los niños porque este era un hogar de protección”.
“Me siento inseguro, porque la tía Carolina, cuando llegué, me dijo: ‘Te vamos a cuidar bien cuidado’… y me están cuidando a golpes”.
Leonardo Lobos, en tanto, fue destituido después que en febrero de 2016 se acusara que golpeó en brazos y costillas a un adolescente en el patio de la casa C del Cread, lo que fue presenciado por dos funcionarias.
La fiscalía patea la pelota
Desde que en octubre de 2018 el fiscal Juan Ignacio Sepúlveda formalizó a los ocho exfuncionarios, estos quedaron con firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas.
El Ministerio Público intentó en una ocasión presentar una acusación contra los ocho imputados para llevarlos a juicio oral, en noviembre de 2019, pero se opuso la querellante Corporación La Matriz como representante de dos padres de menores, por faltar diligencias. En ese entonces, de las nueve víctimas de los hechos por los que se formalizó sólo se había entrevistado a dos.
El 3 de mayo de 2021, en una audiencia, la fiscalía pidió por primera vez fijar fecha para la suspensión condicional del procedimiento contra los imputados, la que quedó programada para un mes y medio más tarde.
Ese mismo día 3 de mayo, Juan Ignacio Sepúlveda ingresó un escrito solicitando dejar sin efecto la audiencia programada. ¿El motivo? “Que la Fiscalía Regional no ha aprobado ninguna salida alternativa en esta causa para ningún imputado, por lo que no corresponde fijar audiencia de suspensión condicional”, explicaba el fiscal en el documento.
Desde entonces, se acordaron otras siete audiencias para suspender el procedimiento y en cada una de ellas el Ministerio Público siguió pateando la pelota. Hasta ahora.
Un depósito y prohibición de acercarse
La causa actualmente la lleva la persecutora adjunta de Valparaíso Paulina Madariaga, quien informó el 10 de diciembre pasado a los querellantes la aprobación de la suspensión condicional por parte de la Fiscalía Regional liderada por Claudia Perivancich, de acuerdo a documentación a la que tuvo acceso BBCL Investiga.
Se trata de un acuerdo por tres años que implicaría, de ser visado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la prohibición de acercarse a las víctimas, la donación de dinero al Programa Mi Abogado ―que defiende a menores bajo la tutela del Estado― y la obligación de fijar un domicilio e informar cualquier modificación de este. A cambio de eso, no serán declarados culpables y quedarán libres de polvo y paja.
La propuesta de la fiscalía se da pese a que en la causa consta que al menos uno de los imputados, Greg Olave, no ha cumplido desde febrero de 2024 con la medida de firma mensual fijada como cautelar en la causa, de acuerdo a un oficio enviado por Carabineros de Mejillones al Juzgado de Garantía de Valparaíso en noviembre pasado.
La audiencia de suspensión condicional fue programada para el próximo 5 de febrero a las 09:00 horas.
Querellantes se niegan a avalar impunidad
“No estamos disponibles para concurrir a un acuerdo que establece la impunidad en favor de brutales agresores de niños, en razón de una investigación defectuosa y negligente”, comenta Esteban Elórtegui, exdirector regional del Sename y querellante en la causa por la Corporación La Matriz.
Elórtegui fue quien abrió los sumarios por maltratos contra los funcionarios formalizados cuando lideraba el Sename en Valparaíso. Debió renunciar tras un paro de trabajadores de más de dos meses, entre julio y octubre de 2016, que las asociaciones gremiales atribuyeron a la falta de soluciones por carencias en cuanto a recursos y lineamientos, pero que tuvo como trasfondo el descontento con las investigaciones administrativas por maltratos.
A partir de los antecedentes levantados por el Sename también hubo querellas del senador Francisco Chahuán, la senadora Yasna Provoste, el exdiputado Aldo Cornejo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“La posibilidad de suspensión condicional responde a una alternativa de política criminal que está contemplada para delitos que no constituyen un atentado grave al interés público. Nosotros nos querellamos por tortura y, por lo tanto, estimamos que los hechos sí constituyen un atentado grave al interés público”, explica el director regional del INDH, Fernando Martínez.
Según dice Martínez, se trata de vulneraciones que “fueron cometidas, primero, por funcionarios públicos, en segundo lugar, que se valieron de su fuerza y de su posición predominante para aplicar estos tratos constitutivos de tortura, en circunstancias que las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, estaban bajo su cuidado, bajo su custodia, a partir de la posición de garante que tiene el Estado”.
El Cread de Playa Ancha fue cerrado por la administración de Sebastián Piñera en marzo de 2019, después que el Comité de los Derechos del Niño le pidiera clausurarlo más de un año antes. En octubre de 2021 los hogares de protección de menores fueron derivados al nuevo Servicio Mejor Niñez.
Desde el Ministerio Público enviaron un comunicado comentando que “durante el transcurso de la investigación, se realizaron múltiples indagatorias para efectos de acreditar la efectividad de los hechos consignados en la denuncia, logrando recopilar antecedentes de cargo suficientes para poder así formalizar a once imputados [sic], a quienes se les atribuyó participación”.
La fiscalía añadió que los imputados cumplen con los requisitos legales para optar a una salida alternativa y que, tras el análisis correspondiente, fue aprobada la opción por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso de “someter la causa a una suspensión condicional del procedimiento por un lapso de tres años”.
Fuente: biobiochile.cl
