La situación de las altas listas de espera en el sistema de salud es brutal, con millones de personas aguardando atención y fallecidos que podrían superar los 40 mil anuales. En ese contexto, establecer una alerta sanitaria como la decretada durante la pandemia del COVID-19 ha sido apuntado como una necesidad entre especialistas, lo que, entre otras cosas, permitiría autorizar la contratación de médicos extranjeros en el sistema público sin necesidad de realizar el proceso de certificación de sus especialidades. Con los análisis de Enrique Paris, Jaime Mañalich y autoridades de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío entrega puntos de la discusión.
Más de 36 mil chilenos han fallecido este año mientras esperaban en lista de espera, aguardando una consulta o cirugía. Según especialistas, esta cifra podría superar los 40 mil para fines de 2024, lo que equivale a más de 100 muertes diarias de personas en espera de atención de salud.
La situación es crítica. Los datos de septiembre indican que aún quedan pendientes 2,6 millones de atenciones de especialidad y 334 mil cirugías, en un contexto donde parece faltar un plan gubernamental que aborde de forma directa y urgente esta problemática.
Consultados por Radio Bío Bío, especialistas advirtieron que Chile atraviesa una grave crisis sanitaria, la cual ya ha significado, y seguirá significando, la muerte de miles de personas. En este sentido, han afirmado que es momento de decretar una alerta sanitaria, similar a la implementada durante la pandemia del COVID-19, que en un año acumuló un tercio de las muertes que hoy se registran debido a las listas de espera.
Decretar una alerta sanitaria permitiría al Estado, entre otras medidas, aumentar el presupuesto en salud y contratar de manera transitoria a médicos extranjeros para que ejerzan sus especialidades en el sistema público chileno, sin necesidad de completar el proceso de certificación tradicional, que puede demorar varios años.
Jaime Mañalich y Enrique Paris, ambos exministros de Salud durante la pandemia, conversaron con Radio Bío Bío sobre la urgente necesidad de decretar una alerta sanitaria. Además, autoridades de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) se sumaron al debate.
A continuación, los análisis de los especialistas consultados.
Necesidad de alerta sanitaria
“Estamos en una situación inédita. Ya son más de 3 millones en lista de espera. ¡Más de 3 millones! Eso nunca había ocurrido, ni siquiera durante la pandemia”, alertó en conversación con Radio Bío Bío Enrique Paris, ex ministro de Salud (2020-2022) y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS). “Si se calcula cuánta gente murió en la pandemia en cuatro años, son alrededor de 53.000, y ahora, ¿cuánta gente ha muerto en los primeros nueve meses de este año en lista de espera? ¡26.000 personas! Es más del doble de los que murieron durante la pandemia en el mismo periodo”, agregó.
Su opinión está lejos de ser excluyente, y con la misma urgencia en la voz, el también ex ministro de Salud, Jaime Mañalich (2019-2020) advirtió sobre la gravedad de la situación: “La lista de espera que tenemos hoy es una verdadera epidemia. Llegamos a los 3 millones de personas en lista de espera, una cosa nunca antes vista. En ese sentido, es evidente que las medidas más suaves como lo son aumentar un poco más el presupuesto, en realidad no van a tener ningún efecto frente a la magnitud de lo que nos encontramos”.
Así, ambos especialistas llegaron a la misma conclusión: estamos en una crisis, se están perdiendo vidas y es apremiante decretar alerta sanitaria, tal como se hizo el 5 de febrero de 2020 frente al riesgo a la salud que significaba el brote mundial del coronavirus. De acuerdo a Paris, “hay que aprovechar la experiencia de la pandemia. Es bueno decretar alerta sanitaria para tener todas estas armas con posibilidades de trabajo conjunto”.
Mediante una alerta sanitaria, el Presidente de la República le otorga a la Ministra de Salud –hoy Ximena Aguilera– facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal, ya sea una epidemia, el aumento notable de alguna enfermedad o cualquier emergencia que significase un grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país. Entre estas facultades está: el aumento del presupuesto, la contratación directa de personal sin cumplir con ciertos requisitos exigidos en el código sanitario, la compra acelerada de insumos, la reasignación de servicios y unidades de apoyo, etc. Todos elementos que podrían ayudar a acelerar la atención a los millones de habitantes que la esperan.
Sin embargo, de acuerdo a Mañalich, la decisión no es tan simple, ya que “significa un reconocimiento político, que es una cosa compleja, para decir: no estamos siendo capaces”, lo que podría alejar a las autoridades de decretar la alerta por los costos de imagen que tiene.
“Decretar una alerta sanitaria políticamente es dar un sentimiento de que algo no está bien, un fracaso de la política de este gobierno del manejo de las listas de espera, y del que sea, porque esto es permanente”, agregó.
Se buscan médicos
El agresivo aumento de las listas de espera es un fenómeno multicausal. Así lo han explicado distintos especialistas. Va desde problemas de gestión de los servicios, falta de especialistas disponibles en el sistema público, mala distribución de los médicos a lo largo del país, déficit de cargos abiertos, problemas en la información sobre atención, etc.
Lo que sí se tiene claro, es que gran parte de las personas que están en listas de espera aguardan ser atendidas por un especialista, abriendo la discusión sobre cuál es la razón de que no puedan acceder a ellos.
Para Gilberto González, Presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), el problemas radica en la distribución de los especialistas: “Solo la mitad de ellos está ejerciendo en los servicios de salud pública, que son los responsables de atender al 80% de la población. Y estos especialistas se distribuyen de forma muy desigual en el país. De hecho, 3 de cada 4 residen en la región Metropolitana, región de Valparaíso y región del Bío Bío”.
De acuerdo a los expertos consultados, la razón de esta mala distribución radica en la falta de incentivos para que los especialistas se alejen de las ciudades más grandes a zonas con mayores necesidades de profesionales.
“Los médicos especialistas tienen una edad en que están entre los 30 y los 40 años, una etapa en la que están formando familia. Tienen que preocuparse por la educación de sus hijos, entonces emigrar a regiones tiene distintas connotaciones que no siempre del punto de vista de la oferta laboral a nivel público se cumplen”, comentó González, agregando que no solo depende del sueldo la posibilidad de que los profesionales migren a otras regiones, sino que también factores como la disponibilidad de colegios, la equipación de los hospitales, la vivienda, etc.
Además, elementos del sistema público también ahuyentan a los especialistas. “Desgraciadamente en la atención primaria no se reconoce muchas veces la especialidad que ha adquirido el especialista. A un médico de atención primaria que va a hacer su beca de pediatría y vuelve a la atención primaria, no le pagan su especialidad. Entonces es un incentivo absolutamente negativo para volver”, indicó Paris.
Médicos migrantes
Para Mañalich, sin embargo, el problema no radica solo en la distribución, sino que directamente en la falta de especialistas disponibles en el país.
En ese sentido, una medida que fue utilizada durante la pandemia, surge como una posible forma de enfrentar el problema: permitir que doctores formados en el extranjero, cuyo título como médicos generales está homologado en Chile, puedan ejercer su especialidad en el sistema público sin la necesidad de realizar la serie de trámites que se requiere en condiciones normales. Esto se puede hacer mediante la creación de una nueva ley, o al decretar la alerta sanitaria.
“Nosotros tenemos una homologación de título ‘automática’, por así decirlo, con algunos países como Argentina, España y Venezuela, en que un médico graduado en uno de esos países le timbran su pregrado, y con eso queda acreditado como médico para trabajar en Chile”, explicó Mañalich. “Pero en un periodo que no es de excepción como la alerta sanitaria, la homologación automática para el título de especialidad no ocurre, y para eso hay que dar un examen en Chile, que toma entre dos y tres años desde que se radica como médico general en el país”, agregó.
Mañalich, es crítico del sistema actual de certificación: “A pesar de estar calificados con universidades de muy buen nivel en su lugar de origen, nosotros le ponemos una traba, los obligamos a dar un examen de su especialidad en circunstancias en las que hasta el día antes de venir a Chile, ejercían su especialidad”.
El ex ministro indicó que esto sería una muy buena opción para combatir las listas de espera, porque estos doctores extranjeros pueden ser derivados a lugares de Chile en los que los médicos chilenos no van. “De hecho, como se hizo en la pandemia, se pueden generar contratos específicos. O sea, yo le doy permiso para que usted venga y practique como cardiólogo, pero su contrato lo hago en el Hospital de Curicó. Entonces puedo destinarlo a un lugar donde hay pocos profesionales especialistas de ese tipo. No es un permiso en blanco. Y son solo en el sector público, ojo, los médicos no vienen a competir en el sector privado”, indicó.
De acuerdo a Mañalich, aunque la alerta sanitaria podría ser un salvavidas importante en este momento de crisis, esta es necesariamente temporal, y es necesario enfrentar el tema de fondo: “Que es facilitar que médicos especialistas calificados lleguen a Chile con menos resistencia local y que haya efectivamente una política de promoción de formación de más médicos y enfermeros en Chile en las universidades”.
Sin embargo, desde CONACEM, el principal órgano donde los médicos pueden realizar esta convalidación de sus títulos de especialidades, no consideran que esta medida sea la solución al problema.
En primer lugar, argumentaron que si un profesional tiene todos sus antecedentes y rinde satisfactoriamente los exámenes, el trámite de certificación puede durar desde nueve meses, lo que a nivel internacional es un tiempo bastante expedito. Sin embargo, en la práctica, estos tiempos pocas veces se cumplen.
“Lo que ocurre es que muchos colegas a veces no completan bien sus antecedentes, que son requisitos generales, o bien, la tasa de aprobación de los exámenes no es la deseable”, explicó González. “La tasa de aprobación de los exámenes teóricos en promedio es del 30-35%. Los que sí aprueban el teórico, pasan al exámen práctico, donde la tasa de aprobación es bastante más alta, en el orden de un 65-70%”, indicó, sumando que CONACEM está certificando alrededor de 500 doctores anuales, con un exámen teórico que tiene un costo de $300.000, y el práctico, de $655.000.
Mauricio Osorio, Secretario Ejecutivo de CONACEM, agregó que el problema radica no tanto en la falta de especialistas, sino que en un déficit de cargos públicos disponibles para estos especialistas. “Tú tienes que tener claro que para que alguien trabaje en el sector público, tienes que tener un cargo que te respalde a dónde ir a cumplir tus funciones y la certificación no necesariamente va de la mano con los cargos disponibles para que ellos puedan desempeñarse y cumplir sus funciones en el sector público”, explicó.
“De hecho, eso se ve con estos colegas que hacen beca y tienen que ir a devolver a estos lugares, y lo hacen allá justamente porque, entre otras cosas, no hay cargo disponible, y por eso van con un cargo que llevan desde el Ministerio durante una cierta cantidad de años. En el caso de lo diurno, para poder avanzar efectivamente necesitas aumentar la oferta”, agregó.
Además, desde CONACEM advirtieron sobre el peligro de centrarse en la cantidad y dejar de lado la calidad, bajando el estándar.
“Nuestra misión, y a lo que aspiramos, es que un médico que entrega prestación de especialista tenga efectivamente las competencias y habilidades como tal. Ya se sabe de lamentables casos de pacientes que, con motivos de cirugía plástica y otros, han sido atendidos por profesionales que no tienen las competencias y son expuestos a problemas en la calidad de atención”, relató González.
“Como país, 20 años atrás, ya nos pusimos una meta de que no solamente hubiera una adecuada cantidad, sino que también una calidad en la prestación. Entonces es tarea de todos cautelar esto pensando en último término en el paciente. Lo que nos interesa es que la prestación que otorga alguien que corresponde a especialista, tenga la certificación respectiva”, agregó.
Fuente: biobiochile.cl
