Texto de la ONU señala que, a dos años del estallido social, “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a justicia”. Subsecretario del Interior dijo que “aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen”.
Ayer, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) presentó un informe para dar cuenta de la situación en Chile a dos años del estallido social del 18 de octubre de 2019. En el texto se señala: “Valoramos los esfuerzos del Estado de Chile para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales””.
En esa línea, el texto actualiza la información que estableció la misión técnica que aterrizó en Santiago el 30 de octubre de 2019, que tenía como objetivo evaluar el cumplimiento de los DD.HH. en las masivas protestas de ese año.
Además, sobre la función policial, Naciones Unidas sostiene que observó que “tras la reducción del uso de escopetas antidisturbios -que explica la alta tasa de personas heridas con munición de impacto cinético y, en particular, con trauma ocular- aumentó el uso indebido de proyectiles lacrimógenos y de carros lanza agua contra las personas -sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químico”.
Y hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en medio del balance que realiza Carabineros los martes, se refirió al informe, señalando que “tanto el gobierno como la institución de Carabineros de Chile han dado muestras de haber observado con atención las lecciones que nos dejaron los episodios de violencia con posterioridad del 18 de octubre, y así lo destaca el informe”.
En ese sentido, dijo que la reforma que se está llevando adelante en Carabineros “apunta a no quedarnos en mirar hacia atrás, sino también tomar las medidas, reformarnos para adecuarnos a la sociedad del Siglo 21, esa es la principal garantía de no repetición. Es aprender las lecciones del pasado y hace cosas. Hay que dejar este síndrome de la indignación y la queja y pasar a la acción”.
“Aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen y poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad, qué responsabilidad le caben y a quién, respeto a las personas que resultaron afectadas con posterioridad del 18 de octubre”, explicó.
En ese sentido, como ejemplo de los avances en los protocolos de carabineros en los hechos de violencia, dijo: “Uno puede ver, y quizás se destacó poco, pero no hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario del Estado”.
En ese sentido, continuó: “Eso de cuenta en los hechos, más allá de los protocolos y las leyes, más allá de los informes, en los hechos, que las lecciones se incorporaron dentro de los procedimientos policiales, están siendo aplicados y ha significado que no tengamos denuncias contra carabineros en un día que no fue de poca violencia”.
